El Gobierno de Navarra ha implementado cambios significativos en el sistema judicial de la comunidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios de justicia para la ciudadanía.
A partir del 1 de julio, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en los partidos judiciales de Tudela, Tafalla, Estella-Lizarra y Aoiz / Agoitz han sido reemplazados por Tribunales de Instancia con una Sección única de Civil e Instrucción. Además, se han creado Oficinas de Justicia en cada partido, que centralizarán los servicios comunes y facilitarán una gestión más eficiente de los recursos asignados a cada área judicial.
Estas modificaciones también incluyen la creación de Oficinas de Justicia en el Municipio, en sustitución de los Juzgados de Paz, permitiendo a la ciudadanía realizar trámites de forma telemática sin necesidad de desplazarse a la capital de provincia. Entre los servicios ofrecidos se encuentran la obtención de certificados, acceso al Registro Civil y la realización de trámites judiciales con plenas garantías legales.
Además, se ha llevado a cabo la reubicación del personal de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Juzgados de Paz en las nuevas estructuras judiciales, con el objetivo de garantizar una transición fluida y eficiente.
En paralelo, se han organizado jornadas de difusión para informar a los trabajadores del sistema judicial y a otros actores involucrados en estos cambios. Estas jornadas han contado con la participación de funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, cuerpos de seguridad y representantes municipales, entre otros.
Adicionalmente, se prevé la implementación del Tribunal de Instancia de Pamplona y su Oficina Judicial, así como las Oficinas de Justicia en el Municipio de la capital navarra, para el 31 de diciembre de este año.
Estas reformas se enmarcan en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que busca modernizar el sistema judicial, promover la especialización de los órganos judiciales, garantizar la homogeneidad en las prácticas judiciales y mejorar la accesibilidad a la justicia a través de la tecnología y la simplificación de trámites.
En resumen, estas medidas buscan ofrecer a la ciudadanía una justicia más ágil, eficiente y cercana, adaptada a las necesidades de la sociedad actual y reforzando la confianza en el sistema judicial.
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